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La privación injusta de la libertad ocurre cuando una persona es detenida bajo la sospecha de haber cometido un delito, lo cual limita su libertad de trabajar, socializar y disfrutar de su tiempo personal durante la investigación y el proceso penal correspondiente.
Tradicionalmente, a estas personas se les denominaba “imputados”, pero en la actualidad se prefiere el término “investigado” para evitar connotaciones negativas antes de determinar su culpabilidad.
En este contexto, se refiere a la compensación económica que recibe una persona por daños sufridos, ya sea por acciones directas o indirectas de otros.
Es una forma de resarcimiento por el daño causado, estableciendo un derecho a ser compensado por la parte responsable.
El Código Procesal Penal Dominicano establece que, tras la revisión de una sentencia, si un condenado es absuelto o recibe una pena menor, el Estado debe compensarlo por el tiempo de privación de libertad o por cualquier condena injusta.
Este resarcimiento se calcula basándose en el salario diario base de un juez de primera instancia por cada día de prisión o inhabilitación no justificada.
Esta indemnización también aplica en casos donde se demuestra que el hecho no constituye delito, no existió o no se prueba la participación del imputado, habiendo este sufrido medidas de coerción como prisión preventiva o arresto domiciliario.
El Estado debe efectuar el pago de la indemnización, teniendo luego el derecho de reclamar a quienes por acción dolosa o negligencia grave contribuyeron al error judicial.
Para aquellos afectados por una privación injusta de su libertad, es crucial contar con el apoyo y asesoría legal adecuados.
En este sentido, la plataforma “Demanda Al Estado RD” se presenta como una herramienta valiosa, ofreciendo orientación y servicios legales especializados en la materia.
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